Por Carlos Jaureguiberry

En orden al fallo recaído en los autos Obispado de Neuquén c/ Comunidad Mapuche Curruhuinca y otros S/ interdicto- detener, en primer término, considero que se trata de una muy buena sentencia, con sólidos fundamentos jurídicos que viene a constituirse en un hito ante un creciente avance de las vías de hecho para dirimir nuestros conflictos como sociedad, cosa ésta que no hace sino menoscabar un estilo de vida civilizado por el que ha optado la gran mayoría de la población.

Suelo manifestar que desde un tiempo a esta parte es cada vez más evidente una deserción del Estado en orden a procurar soluciones a la creciente conflictividad social, y es así que hoy todos los ciudadanos somos víctimas de situaciones en otros tiempos inimaginables tales como el corte de calles y rutas –los popularmente llamados piquetes- que hoy son una abrumadora realidad que agobia al conjunto de los habitantes de este país. Así también lo que sucede con las tomas violentas de predios urbanos y rurales –las popularmente llamadas tomas-, términos que nos han venido acostumbrando a un léxico que se enriquece de un modo inversamente proporcional al debilitamiento que sufre el Estado de Derecho.

La dimensión del daño para nuestra convivencia es inmensurable y lo será aún mayor si no encontramos una forma adecuada y eficaz para resolver este tipo de disputa. En el tema de las tomas, y las contiendas por espacios de tierra, sobre la base del vago (y discutible) antecedente de posesiones ancestrales, todavía estamos a tiempo de evitar males mayores. Pero para ello se requiere valentía y decisión en la justa aplicación de la ley. Ni más, ni menos. Es imperioso eliminar una cierta ligereza por parte de los actores –fundamentalmente los poderes públicos- en el tratamiento de estas cuestiones que involucran nada menos que la convivencia y el respeto de la ley.

Lo expresado viene a propósito también cuando hace muy pocos días uno de los más altos magistrados de la provincia, nada menos que el Presidente de nuestro más alto tribunal provincial, el Dr. Oscar Massei, por quien sin embargo guardo un gran respeto y estima, se permite desestimar una acción judicial y descalificar a los letrados que la firman sobre la base que su planteo es un insulto a la inteligencia de los neuquinos. Hasta donde llega mi conocimiento del derecho, a los jueces se les debe exigir que resuelvan, admitiendo o desestimando las causas que le son sometidas a su decisión. No, que emitan su opinión de un modo anticipado, y mucho menos que expresen calificativos respecto de los letrados que deciden firmar la presentación en ejercicio del sagrado ministerio de la defensa.

Hoy hemos llegado al absurdo en que hasta nuestras Relaciones Exteriores son puestas en riesgo por este actuar por fuera de la ley, como cuando piqueteros al margen de toda consideración legal prohíben el paso de vecinos por uno de los puentes que nos comunican con un país hermano como es la República Oriental del Uruguay; y lo que es peor, en un paroxismo del desmadre, cuando este mismo grupo de piqueteros (que solamente cede ante el paso de los hinchas de fútbol) tendría una oficina en la municipalidad de Gualeguaychú. Ya nada nos asombra. No hay piquetes buenos y piquetes malos. No hay tomas buenas y tomas malas. El arrogarse la resolución de los conflictos por las vías de hecho jamás será un modo civilizado de resolver las disputas.

Es por ello que el fallo lo considero una sentencia valiente, que constituye un hito en orden a señalar que el actuar fuera de la ley no constituye ningún derecho. Que cualquier persona o grupo de personas que se arroga del derecho de impedir a otros el ejercicio de sus libertades debe cesar en su cometido. Que el Estado, y los funcionarios que encarnan el poder que del mismo emana, deben cumplir y hacer cumplir la ley. Porque solamente una nación donde se cumple la ley es digna de considerarse un país civilizado.